Los Testigos de Jehová han obtenido una nueva victoria legal en Bélgica el 16 de junio de 2022, esta vez contra el "vigilante de sectas" gubernamental llamado CIAOSN (Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles, Centro de Información y Asesoramiento sobre Organizaciones Sectas Perjudiciales), un centro independiente creado por la ley belga del 2 de junio de 1998, modificada con la ley del 12 de abril de 2004, en el Ministerio de Justicia belga.
El 30 de noviembre de 2018, el CIAOSN elaboró el informe "Signalement sur le traitement des abus sexuels sur mineurs au sein de l'organisation des témoins de Jéhovah" (Informe sobre el tratamiento de los abusos sexuales a menores dentro de la organización de los testigos de Jehová).
El informe fue compartido con la Cámara de Representantes y el Ministro de Justicia. En los meses siguientes, varios medios de comunicación belgas publicaron noticias sobre el informe, afirmando que un documento oficial de la CIAOSN había indicado que los Testigos de Jehová estaban ocultando casos de abusos sexuales a menores que ocurrían dentro de sus congregaciones, y que era necesaria una investigación pública. De hecho, en febrero de 2019, se creó un Grupo de Trabajo parlamentario que investigaba el asunto. El 5 de abril de 2019, el Grupo de Trabajo emitió un informe provisional, en el que se recomendaba que el Parlamento continuara con el "estudio del informe de la CIAOSN".
Al mismo tiempo, también basándose en el informe de la CIAOSN, se inició una causa penal. Como informó Bitter Winter el año pasado, el 5 de octubre de 2021, tras una investigación y un registro en la sede nacional belga de los Testigos de Jehová, el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas desestimó las acusaciones contra la organización belga de los Testigos de Jehová y miembros individuales de la organización, que habían sido acusados de no denunciar a la policía las denuncias de abusos sexuales a menores en sus congregaciones de las que habían tenido conocimiento, violando así los artículos 422 bis y 442 cuarto del Código Penal de Bélgica, que obligan a denunciar.
En 2019, los Testigos de Jehová demandaron al autor de un artículo particularmente vicioso publicado en el periódico belga Le Soir y al editor del periódico. El 16 de noviembre de 2020, el Tribunal de Bruselas falló en contra de los Testigos de Jehová, argumentando que el periódico había basado su artículo en un informe del CIAOSN, una agencia gubernamental fiable. Los Testigos de Jehová procedieron entonces a demandar al Estado belga, responsable de las actividades del CIAOSN, el 17 de junio de 2021.
Los Testigos de Jehová señalaron que el informe de la CIAOSN se basaba en una metodología defectuosa, que conducía a conclusiones sin fundamento y a informaciones falsas y calumniosas difundidas a los medios de comunicación.
La CIAOSN afirmaba en el documento que "En junio de 2018, la CIAOSN recibió una notificación según la cual tres de los 286 testimonios recibidos por la Fundación "Reclaimed Voices" en los Países Bajos se refieren a hechos que supuestamente han tenido lugar en Bélgica." Al parecer, este fue uno de los elementos que provocó la elaboración del informe del CIAOSN.
Sin embargo, el 9 de marzo de 2021, la ONG Human Rights Without Frontiers, con sede en Bruselas, informó de que "un miembro neerlandés de la junta directiva de Human Rights Without Frontiers (HRWF) se puso en contacto con Reclaimed Voices en los Países Bajos para comprobar la credibilidad de esta información y obtener más detalles sobre los tres supuestos casos de abusos sexuales en Bélgica. En su respuesta, el responsable de Reclaimed Voices en los Países Bajos desmintió tal noticia hecha pública en Bélgica, diciendo en una correspondencia privada fechada el 10 de febrero de 2021: "La información del informe de la CIAOSN no es correcta. El 29 de marzo de 2019, enviamos un correo electrónico a la Sra. Kerstine Vanderput sobre esta inexactitud. En ese momento, nos llamó la atención que Koen Geens, Ministro de Justicia (CD&V), había dicho en Radio 1 de Bélgica: 'Es la propia CIAOSN la que ha ido a los Países Bajos a buscar esta información y ha afirmado que entre las 286 denuncias holandesas había tres belgas'. Algo parecido se dijo en la televisión en 'Van Gils & Guests'. En los medios de comunicación neerlandeses sólo se ha dado testimonio de la situación en los Países Bajos. Las cifras que se mencionaron son sólo de presuntas víctimas de abusos en los Países Bajos".
La forma en que se recogieron y recopilaron los datos de los Países Bajos es también muy cuestionable, pero en lo que respecta a Bélgica, el hecho es que los tres casos belgas de la lista de Reclaimed Voices nunca existieron. En el caso de Bruselas, el gobierno belga reconoció este hecho, pero afirmó que esto no invalidaba el informe en su conjunto.
Aparte de la referencia incorrecta a tres casos belgas "encontrados" en los Países Bajos, la CIAOSN mencionó que había recibido otras denuncias "directas o indirectas", pero la mayor parte de su informe no trataba de Bélgica, no se citaban casos concretos y la mayor parte de la "información" ofrecida procedía de recortes de prensa.
Los Testigos de Jehová también se basaron en un informe de expertos que criticaba el texto del CIAOSN elaborado por el que suscribe (Massimo Introvigne) y por los académicos estadounidenses Holly Folk y J. Gordon Melton.
En su decisión del 16 de junio de 2022, el Tribunal de Bruselas resume el punto principal de nuestra crítica de la siguiente manera "la falta de discusión de la metodología; el uso selectivo de unas pocas fuentes académicas fiables; la apreciación subjetiva de ciertas creencias de los Testigos de Jehová como peculiares o extrañas, cuando estas creencias son compartidas por muchas denominaciones cristianas; el predominio de los recortes de prensa como fuentes de información, y las omisiones y errores que dichas fuentes han provocado; la falta de contacto con la oficina nacional de los Testigos de Jehová; la falta de verificación de la veracidad de las alegaciones; la falta de pruebas de una supuesta conexión entre los abusos sexuales y la expulsión de quienes los denuncian; la confianza en el controvertido informe de la Comisión Parlamentaria Australiana [Royal Commission], cuyas cifras se basan en gran medida en acusaciones no confirmadas de abusos en el seno de la familia y fuera de cualquier contexto institucional; la confianza en la teoría tendenciosa de la CIAOSN de que su visión dualista del mundo hace de los Testigos de Jehová una organización "de riesgo", mientras que esta visión del mundo es compartida por la mayoría de las comunidades religiosas. "
La decisión informa de nuestras conclusiones de la siguiente manera "Los Testigos de Jehová son señalados porque la ideología anticulto los estigmatiza como la "secta" por excelencia, y crea un clima en el que las "sectas" no pueden esperar ser tratadas con justicia. El informe de la CIAOSN es metodológicamente problemático, y se basa en gran medida en recortes de prensa e información suministrada por los anticultos, algunos de ellos relacionados con la FECRIS, una organización que una comisión oficial estadounidense ha denunciado por difundir sistemáticamente información falsa sobre los grupos que califica de "sectas", en particular los Testigos de Jehová. La afirmación de que existe un gran número de casos de abusos sexuales no denunciados entre los Testigos de Jehová en Bélgica no se ve corroborada por el propio contenido del informe. Desgraciadamente, el informe del CIAOSN no puede considerarse como un informe objetivo e imparcial. El hecho de que no se haya entrevistado a ningún representante de los Testigos de Jehová durante la elaboración del informe, que los casos de Reclaimed Voices se hayan aceptado al pie de la letra sin que se haya investigado si realmente sucedieron y si se informó correctamente, que se hayan utilizado en gran medida y de forma acrítica recortes de prensa, así como información de organizaciones anti-sectas, son todos elementos que apuntan a una parcialidad. Recomendamos que no se tome ninguna medida gubernamental o de otro tipo basada en este documento [el informe de la CIAOSN]."
El juez señaló que todo lo que el gobierno belga y el CIAOSN tenían que oponer al análisis crítico de los expertos era que "el informe controvertido 'se basa en fuentes contrastadas y fiables, citadas en las notas a pie de página'". El juez no quedó convencido y concluyó que "la simple alegación del Estado belga de que el informe es el resultado de un meticuloso trabajo de investigación del CIAOSN no permite negar el análisis crítico elaborado por los expertos". De hecho, el juez consideró que los recortes de prensa y los relatos sesgados, incluido el controvertido informe australiano, eran las únicas fuentes del informe del CIAOSN. Un "centro de investigación gubernamental que pretende ser objetivo e imparcial no puede razonablemente basar la mayor parte de su evaluación en recortes de prensa o reportajes de televisión, dijo el juez. Esta postura defendida por el Estado belga ignora los principios del método científico e invierte los papeles. Un discurso científico serio no puede encontrar su fuente en los medios de comunicación".
En conclusión, el Tribunal de Bruselas, además de condenar al Estado belga a pagar los gastos judiciales de los Testigos de Jehová, consideró "que la CIAOSN cometió una falta al redactar y difundir en diciembre de 2018 el informe titulado "Informe sobre el tratamiento de los abusos sexuales a menores en el seno de la organización de los Testigos de Jehová." El tribunal ordena "al Estado publicar, a su costa, la presente sentencia en la página de inicio del sitio web del CIAOSN, durante un período de seis meses a partir del vencimiento de un plazo de ocho días desde la fecha de notificación de la presente sentencia;" y "publicar una mención de la presente sentencia con una referencia a su texto completo en la sección de "noticias" del sitio web del CIAOSN."
La sentencia se convertirá seguramente en un precedente clave. Afirma que los estudiosos de la religión son una fuente más fiable en estos asuntos que los periodistas y los anticultistas, y que los organismos gubernamentales que se ocupan del supuesto "peligro de las sectas" no están por encima de la ley y pueden ser perseguidos legalmente cuando difunden información falsa y calumnias.
