CONCORD, N.H. - ¿Violado? 200.000 dólares. ¿Infectado por una enfermedad de transmisión sexual? Añade 100.000 dólares. ¿Embarazada? Añade 200.000 dólares. Estos son algunos de los posibles pagos para aquellos que sufrieron abusos físicos y sexuales cuando eran niños en el Centro de Desarrollo Juvenil del estado, según los borradores preliminares publicados por la oficina del fiscal general de New Hampshire esta semana.
Después de que los abogados de las víctimas den su opinión, los borradores para calcular los pagos se actualizarán y se presentarán al comité fiscal de la Legislatura para su aprobación.
"Puede que el aspecto sea muy diferente cuando tengamos el producto final", dijo el jueves Jennifer Ramsey, fiscal general adjunta.
El centro de Manchester, ahora llamado Centro de Servicios Juveniles Sununu en honor al exgobernador John H. Sununu, ha sido objeto de una amplia investigación penal desde 2019. Diez de sus ex trabajadores y un undécimo que trabajó en un centro de detención de Concord fueron arrestados el año pasado, y casi 450 ex residentes han demandado al estado sobre la base de acusaciones que involucran a más de 150 empleados desde 1963 hasta 2018.
Con la esperanza de evitar un largo litigio, los legisladores aprobaron un fondo de liquidación de 100 millones de dólares como parte de lo que los funcionarios han llamado "una alternativa informada por el trauma y centrada en las víctimas." Las víctimas tendrían dos años para presentar reclamaciones, a partir del 1 de enero. Los pagos individuales por abuso sexual tendrán un límite de 1,5 millones de dólares, mientras que los pagos por abuso físico tendrán un límite de 150.000 dólares.
"Se trata de una situación única, y estoy muy orgulloso de que nuestro Estado haya tomado esta medida", dijo Ramsey. "Creo que proporciona una excelente alternativa para las personas que puedan y quieran utilizarla, y espero que la gente lo considere".
Los borradores de los documentos publicados esta semana incluyen el proceso de reclamación propuesto, el propio formulario de reclamación y las hojas de trabajo para calcular las indemnizaciones individuales. Las hojas de trabajo enumeran las indemnizaciones básicas, que van de 25.000 a 200.000 dólares, para cinco categorías de agresión sexual. Estas indemnizaciones se incrementarían en función de la frecuencia de los abusos y de casi una docena de factores agravantes, como el hecho de que los abusos hayan provocado un embarazo, hayan sido perpetrados por varias personas o se hayan prolongado durante más de dos años.
Las cifras se basan en una investigación nacional sobre acuerdos similares alcanzados con casi 5.000 demandantes en todo el país, dijo Ramsey. Pero no está claro cuántos de los que tienen demandas pendientes presentarán reclamaciones.
Rus Rilee, que representa a más de 600 personas que dicen haber sufrido abusos, dijo el jueves que el proceso de acuerdo "está claramente diseñado para permitir al estado litigar estos casos en secreto, libres del escrutinio público, con límites de daños y valores de abuso que sólo benefician al estado".
Según Rilee, los niños del centro fueron violados en grupo por los consejeros, golpeados mientras eran violados y obligados a abusar sexualmente unos de otros. Los miembros del personal también están acusados de asfixiar a los niños, golpearlos hasta dejarlos inconscientes, quemarlos con cigarrillos y romperles los huesos.
"No vamos a permitir que estos valientes supervivientes vuelvan a ser traumatizados y revictimizados a través de este proceso, por lo que vamos a litigar estos casos en un tribunal abierto, arrojando una luz brillante sobre décadas de abuso infantil gubernamental sistémico, con el objetivo de evitar que le ocurra a otro niño", dijo.
El estado gasta actualmente 13 millones de dólares al año en el funcionamiento de este centro de 144 camas, aunque la población típica es ahora de una docena de adolescentes. El presupuesto bienal firmado el pasado mes de junio incluía el mandato de cerrarlo antes de marzo de 2023, pero su destino sigue sin estar claro después de que los legisladores fueran incapaces de acordar este año un proceso de cierre.
