A pesar de las promesas de aumentar la transparencia, los funcionarios del Departamento de Servicios Humanos de Oregón están considerando una medida que dificultaría el acceso del público a las investigaciones sobre abusos infantiles. En el pasado, registros similares han ayudado a revelar abusos infantiles sistemáticos.
La agencia estatal está considerando restringir el tipo de registros de abusos a los que se puede acceder en el caso de los niños que son acogidos fuera de un hogar, como en un internado, un centro de acogida o algún otro tipo de programa residencial. El cambio de regla que se propone permitiría a los líderes de la agencia negar en gran medida la mayoría de las solicitudes de registros públicos, bloqueando cualquier detalle de abuso corroborado o no corroborado.
En 2018, el estado comenzó a aumentar silenciosamente el número de niños colocados en hogares de acogida que fueron enviados a instalaciones en otros estados.
Inicialmente, los funcionarios de bienestar infantil no alertaron al público ni a los legisladores. A menudo se demoraron en responder a las solicitudes de registros públicos de manera oportuna, incluyendo la revelación de los nombres de las instalaciones donde se enviaron los niños. Dos años más tarde, tras una larga batalla para conseguir que la agencia entregara los registros pertinentes, se hizo evidente que la mayoría de los jóvenes que sufrían abusos eran enviados a instalaciones propiedad de una empresa. Esa empresa se ha visto obligada a cerrar sus centros de tratamiento residencial en todo el país, y los dirigentes de Oregón se han comprometido a no volver a enviar a los niños fuera del estado.
Es probable que nada de esto se supiera sin el tipo de registros públicos que los funcionarios de la agencia quieren ahora hacer más difícil de obtener.
La senadora Sara Gelser Blouin, demócrata de Corvallis, que se ha forjado una reputación de vigilante de la agencia estatal y ha recurrido a los registros para descubrir los abusos, dijo que le preocupa que la norma propuesta proteja a los adultos, no a los jóvenes vulnerables.
"La confidencialidad debería proteger a los niños y a las familias, y no al Estado y a las personas a las que se les paga por cuidar de los niños y que les han hecho daño", dijo Gelser Blouin.
El Departamento de Servicios Humanos de Oregón trató de convencer a los legisladores de realizar este cambio en 2021, pero los legisladores se negaron.
Ahora, la agencia está tratando de lograr el mismo objetivo a través de una vía más oscura: el proceso de elaboración de normas.
Durante una audiencia legislativa en 2021, un empleado del Departamento de Servicios Humanos dijo que el cambio era simplemente de naturaleza técnica y que estaba diseñado para garantizar la protección de los niños y los testigos que denunciaban abusos.
Los nombres de los testigos y los niños ya están redactados cuando la agencia publica los registros.
En esa audiencia del comité, Gelser Blouin se opuso; señaló que la agencia encargada de supervisar a algunos de los niños más vulnerables, incluidos los que se encuentran en régimen de acogida, no siempre ha sido comunicativa a la hora de presentar los registros.
Gelser Blouin dijo que le preocupaba que dar a la agencia más poder discrecional sobre la información que se debe divulgar pudiera resultar en "una amenaza para la seguridad de los niños en general."
Jake Sunderland, un portavoz del Departamento de Servicios Humanos de Oregón, dijo que el esfuerzo comenzó cuando un empleado de la Oficina de Formación, Investigaciones y Seguridad (OTIS) del departamento señaló su creencia de que el nivel de información que se divulga en Oregón podría entrar en conflicto con las leyes federales de privacidad del bienestar infantil.
"No está claro si eso es realmente un problema", dijo Sunderland, añadiendo que la agencia está planeando ahora un análisis exhaustivo para determinar si ese es el caso.
Sunderland dijo que la agencia va a ampliar el período de comentarios públicos del proceso de elaboración de la norma para permitir un mayor debate.
Tal y como está redactada, la modificación de la norma permitiría algunas excepciones: por ejemplo, la agencia tendría que seguir publicando información cuando un niño muere o en los informes trimestrales a los legisladores.
Arthur Towers, de la Asociación de Abogados Litigantes de Oregón, también presentó un testimonio contra la versión legislativa del cambio en 2021.
"Buscamos responsabilizar a los abusadores y, a veces, buscamos responsabilizar al estado si el estado ha actuado con negligencia en su supervisión del sistema de bienestar infantil", escribió Towers en el testimonio presentado. "... Nuestros miembros ven los peores casos y por eso somos extremadamente sensibles sobre el acceso a la información sobre lo que ha sucedido que ha llevado al abuso de un niño".
