El martes se anunciaron cargos penales contra cinco trabajadores sociales de la Oficina de Servicios para la Juventud y la Familia del condado de Lackawanna, en Pensilvania, por no proteger a los niños de abusos graves.
Los asistentes sociales fueron detenidos por los delitos de poner en peligro a menores y no denunciar abusos, que se producen tras la reciente rebaja de la licencia de la agencia por parte de las autoridades estatales.
"En lugar de acudir al rescate, optaron por marcharse", declaró el fiscal Mark Powell. En algunos casos, "falsificaron informes para que pareciera que todo iba bien cuando sabían que no era así", añadió.
Los niños que vivían en la casa, de 9 y 10 años, estaban desnutridos, cubiertos de picaduras de pulgas y dormían en el suelo sin artículos de primera necesidad, según los documentos.
La declaración jurada de la policía afirmaba que la madre había admitido su fracaso y había pedido ayuda en repetidas ocasiones, aunque sin éxito, a la Oficina de Servicios para la Juventud y la Familia.
La respuesta de la agencia a la inspección estatal fue culpar a la policía de Scranton, acusándola de una "investigación criminal de motivación cuestionable" sobre sus prácticas.
La escasez de personal también fue citada por la agencia como contribuyente a algunos de los problemas, pero la fiscal Powell enfatizó que el comportamiento criminal exhibido por los empleados no estaba relacionado con problemas de personal.
"Los niños de estos casos no se perdieron por falta de personal", dijo. "Estos casos estuvieron en el radar de la agencia durante mucho tiempo".
Los acusados en el caso fueron identificados como Randy Ramik, Bryan Walker, Erik Krauser, Sadie O'Day y Amy Helcoski. Cada uno fue puesto en libertad bajo fianza no garantizada de 20.000 dólares y con instrucciones de comparecer ante el tribunal el próximo mes.
