Cualesquiera sean las razones, por el bien de todos los niños, este tema realmente necesita más investigación. No lo dudemos.
En todos los estados, muchos profesionales están legalmente designados como denunciantes obligatorios de sospechas de maltrato infantil. En algunos estados, los adultos del público en general también son informantes obligatorios. Comúnmente conocido como el informe obligatorio universal, el estatuto de Nueva Jersey es típico:
Cualquier persona que tenga motivos razonables para creer que un niño ha sido sometido a abuso infantil o actos de abuso infantil deberá informar lo mismo inmediatamente al Departamento de Protección y Permanencia del Niño (CPP) del DCF por teléfono o de otra manera.
Dichos informes, cuando sea posible, deberán contener los nombres y direcciones del niño y su padre, tutor u otra persona que tenga la custodia y el control del niño y, si se conoce, la edad del niño, la naturaleza y el posible alcance de las lesiones, abuso o maltrato del niño, incluida cualquier evidencia de lesiones previas, abuso o maltrato, y cualquier otra información que la persona crea que puede ser útil con respecto al abuso infantil y la identidad del perpetrador.
La sospecha no es prueba, lo que puede ser la razón por la que algunos informantes obligatorios dudan en hacer una denuncia. Un metaanálisis reciente encontró que los informantes obligatorios a menudo se mostraban reacios a denunciar el abuso en los casos en que era menos aparente, leve o experimentado por niños con discapacidades, favoreciendo la denuncia de casos con evidencia física manifiesta.
La denuncia puede llevar a que los niños sean retirados de su hogar y colocados con otros familiares o en hogares de crianza con extraños. La remoción de un niño en algunos casos ciertamente será lo mejor para ese niño en particular. En otros casos, en la mente del informante obligatorio, la remoción puede ser desastrosa.
En consecuencia, la duda para informar también puede deberse a la preocupación de que el niño se someterá a entrevistas psicológicas y exámenes físicos potencialmente traumáticos, y puede resultar en supervisión obligatoria, asesoramiento o visitas domiciliarias de los servicios sociales. Además, es posible que el denunciante no quiera que el niño sea estigmatizado por amigos y vecinos que se pregunten por qué los Servicios de Protección Infantil (CPS) están haciendo una investigación. El hecho de que un miembro de la familia sea acusado siquiera de posible comportamiento inadecuado puede causar trastornos indebidos y graves para el niño y la familia, incluso si las acusaciones posteriormente son infundadas o falsas.
Si bien los denunciantes obligatorios están obligados a denunciar incluso la sospecha de abuso, el denunciante no tiene control sobre el resultado de la investigación.
Aunque algunos informes pueden dar lugar a más investigaciones, las sospechas a menudo carecen de fundamento. Existe un temor subyacente de que si CPS llega al hogar, el niño pueda experimentar más abuso o que la relación terapéutica subyacente se vea empañada para siempre.
Legalmente, todos los niños se consideran vulnerables, pero los niños con discapacidades del desarrollo tienen un mayor riesgo de abuso y negligencia recurrentes secundarios a los déficits de salud mental y conductual, problemas de salud e inscripción en educación especial y servicios relacionados. Los estudios han encontrado que las personas con discapacidades intelectuales tienen de cuatro a diez veces más probabilidades de ser víctimas de abuso o negligencia en comparación con los niños sin discapacidades.
Si bien la evidencia de abuso físico se presenta de manera similar tanto en niños con desarrollo típico como en niños con discapacidades, la incapacidad para comunicarse secundaria a un trastorno subyacente limita significativamente las oportunidades para comunicar angustia. Además, los marcadores físicos que indican abuso pueden pasar desapercibidos si se atribuyen a la discapacidad como autoinfligida.
Quizás una de las principales razones por las que los informantes obligatorios dudan en informar es porque no confían en que los trabajadores del CPS tengan las habilidades adecuadas de evaluación e intervención. Reflexionan sobre innumerables titulares de noticias que indican que el CPS interviene demasiado rápido e intrusivamente, o demasiado lento e ineptamente. Cualesquiera sean las razones, por el bien de todos los niños, este tema realmente necesita más investigación. No lo dudemos.
