Si una demócrata de California se sale con la suya, los consejeros escolares de California podrán quitarles a los residentes sus hijos y ayudarles a colocarlos en centros de acogida estatales.
Todo esto se haría sin el conocimiento de los padres, y no sería necesario ni juicio ni pruebas.
La asambleísta Wendy Carrillo (D-Los Ángeles), la mujer detrás de este siniestro proyecto de ley conocido como AB 665, afirma engañosamente que su legislación sólo ayuda a los niños desfavorecidos a obtener servicios de salud mental, según el Sierra Sun Times.
El Post Millennial informa de que el proyecto de ley permitiría a los terapeutas enviar a un niño con confusión de género a un centro de acogida residencial sin el debido proceso ni el conocimiento de los padres.
Aquí está la sección pertinente:
El tratamiento de salud mental o asesoramiento de un menor autorizado por esta sección incluirá la participación del padre o tutor del menor a menos que la persona profesional que está tratando o asesorando al menor, después de consultar con el menor, determine que la participación sería inapropiada.
Los menores de 12 años o más pueden recibir tratamiento de salud mental o servicios de asesoramiento según la ley actual. Sin embargo, no pueden ser ingresados en un centro de acogida residencial a menos que se considere que suponen un riesgo para sí mismos o para los demás o si el menor es una presunta víctima de incesto o maltrato infantil. La AB 665 pretende eliminar estas salvedades.
El Post Millennial informó de que el grupo pro-familia Our Duty denunció la legislación propuesta como "secuestro sancionado por el Estado".
Erin Friday, co-líder de Our Duty, escribió una carta a los legisladores de California afirmando que si la AB 665 fuera promulgada, un niño podría ser enviado a una "Instalación de Vivienda LGBTQ" si una niña le dijera a su consejero escolar que es un "niño trans".
Continuó denunciando el descarado fascismo de extrema izquierda que se extiende por toda la legislación, señalando que el lenguaje que afirma proteger a los niños del suicidio no es más que una tapadera para permitir que California criminalice a los padres y les quite la capacidad de criar a sus hijos.
Los padres no tendrán ni idea de lo que le ha pasado a su hijo. Imagínense su miedo y su ansiedad. Se criminaliza a estos padres sin acusación, pruebas ni juicio.
California puede robar todos los derechos de los padres y entregar las decisiones médicas y de salud mental a un niño al que no confiamos ninguna otra decisión importante".
Todos estos proyectos de ley pretenden proteger a los niños del suicidio, pero los resultados son los contrarios cuando se les desestabiliza reforzando las acusaciones infundadas de que los padres cariñosos de un niño no tienen en cuenta su interés superior.
