Los sitios web de las redes sociales y los motores de búsqueda se han convertido en fuerzas dominantes en nuestra forma de comunicarnos. Pero las empresas tecnológicas que gestionan estos servicios operan en la actualidad sin ninguna regla que seguir más allá de las suyas propias. Al desarrollar nuestras nuevas leyes de seguridad en línea, que pronto comenzarán su paso por el parlamento, hemos escuchado a innumerables jóvenes víctimas de un mundo digital que a menudo prioriza el beneficio sobre la seguridad de las personas. Las empresas tecnológicas han tenido muchas oportunidades de autorregularse y no lo han hecho. Es hora de utilizar la fuerza de la ley para obligarlas a comportarse de forma responsable.
El proyecto de ley de seguridad en línea, sustancialmente actualizado, que presentaremos en breve al Parlamento, está cuidadosamente diseñado y es flexible, para poder hacer frente al rápido ritmo de los cambios tecnológicos. Equilibra la necesidad de un Internet libre y abierto con la protección de los niños y las personas vulnerables.
Las industrias tecnológicas del Reino Unido están abriendo camino a la inversión y la innovación, por lo que también hemos diseñado un sistema proporcionado y favorable a la competencia para garantizar que animamos a las mejores mentes tecnológicas de todo el mundo a crear empresas tecnológicas de éxito en el Reino Unido. Impondremos obligaciones a las plataformas en línea que albergan contenidos generados por los usuarios, y las empresas más poderosas estarán sujetas a las normas más estrictas para proteger a los jóvenes, evitar la ilegalidad y garantizar que los contenidos perjudiciales -como los que promueven el suicidio- se gestionen adecuadamente.
La forma de hacer cumplir las leyes es dotar a los reguladores -en este caso Ofcom- de nuevos y duros poderes. Dispondrán de sanciones sin precedentes, incluida la capacidad de imponer multas multimillonarias si las grandes empresas tecnológicas no actúan, y el poder de responsabilizar personalmente a los directivos de algunas infracciones. Ofcom también podrá levantar el capó e inspeccionar los motores de estas empresas, incluido el funcionamiento de sus algoritmos, algo que hasta ahora han mantenido oculto.
No estamos exigiendo nada irrazonable para conseguir que las principales plataformas de medios sociales eliminen y limiten la difusión de contenidos o actividades que van en contra de nuestras leyes.
Deben abordar los abusos sexuales a menores, los delitos de odio y el material terrorista, y hacer mucho más para proteger a los niños de la exposición a material inapropiado. Todos los sitios que alojen o muestren pornografía tendrán que poner en marcha medidas eficaces para evitar que los niños accedan a ella, por ejemplo, utilizando tecnología de verificación de la edad.
Es importante destacar que el proyecto de ley no censura la libertad de expresión; de hecho, consolidará el discurso público en línea, que actualmente está sujeto a los caprichos de poderosas empresas privadas que pueden eliminar contenidos arbitrariamente y ejercer una influencia significativa sobre lo que la gente ve.
Las nuevas y sólidas obligaciones legales del proyecto de ley harán que las empresas afectadas tengan que tomar medidas para proteger la libertad de expresión de los ciudadanos, y la normativa no exigirá a las empresas que eliminen contenidos legales específicos. Ofcom tendrá la obligación de salvaguardar la libertad de expresión en el desempeño de su labor.
Creemos que la gente debe poder hablar con la misma libertad en Internet que en Hyde Park Corner. Pero hay una lista creciente de contenidos y comportamientos tóxicos en las redes sociales que no alcanzan el umbral de un delito penal, pero que siguen causando un daño significativo.
Esto incluye el abuso racista y la promoción de la autolesión y la desinformación peligrosa diseñada para disuadir a la gente de tomar la vacuna Covid. Estas cosas ya están expresamente prohibidas en las redes sociales más grandes y populares. Sin embargo, una y otra vez se permite que permanezcan o, lo que es peor, se promueven activamente para llegar a enormes audiencias. No se debería permitir que las empresas alojen o amplifiquen este tipo de contenido perjudicial -que dicen no permitir- sin que haya consecuencias.
Gracias a nuestro trabajo, las empresas tendrán que evaluar de forma proactiva los riesgos que suponen para sus usuarios los contenidos legales pero nocivos. Tendrán que establecer claramente en sus condiciones qué tipos de contenidos legales pero nocivos son aceptables para los adultos en sus sitios, así como los sistemas y procesos que tienen para mitigarlos si deciden prohibirlos. Si el contenido incumple sus condiciones, tendrán que retirarlo. Ofcom juzgará si sus decisiones sobre la retirada de contenidos son adecuadas o no. Los usuarios podrán apelar si consideran que su contenido ha sido retirado sin una buena razón.
Por lo tanto, el proyecto de ley no obliga a las plataformas online a eliminar la libertad de expresión legal. La libertad de expresión no significa nada si no es también el derecho a ofender, y con nuestras nuevas leyes los adultos serán libres de leer y publicar en línea cosas que otros pueden desaprobar. Pero el efecto general de estas medidas será cerrar la brecha entre lo que estas empresas dicen que está permitido en sus sitios y lo que sucede en la práctica.
Ninguna medida legislativa por sí sola va a solucionar todos los problemas que la evolución de internet ha planteado. Pero queremos hacer que las empresas digitales arreglen sus sistemas y sean más transparentes, sin ahogar el semillero de innovación e inversión que es la industria tecnológica del Reino Unido. El proyecto de ley de seguridad en línea se ha diseñado con controles y equilibrios adecuados y transparentes para que la aplicación de Ofcom cumpla los objetivos decididos y sea examinada por nuestro parlamento democráticamente elegido.
Por supuesto, el gobierno no tiene el monopolio de la sabiduría, por lo que entregamos el proyecto de ley a un grupo de parlamentarios de todos los partidos para que lo examinaran. En diciembre, esta comisión mixta presentó su informe, que incluía recomendaciones sobre cómo podría avanzar el proyecto de ley. Este escrutinio es una parte vital para garantizar que se cumpla lo que se necesita.
Confío en que el proyecto de ley logre un cuidadoso equilibrio para conseguir un estándar de oro mundial para la seguridad en Internet. Pero estamos teniendo en cuenta las recomendaciones de la comisión, las del comité selecto de los Comunes y las reflexiones de otros parlamentarios destacados mientras actualizamos sustancialmente el proyecto de ley antes de su presentación. Ya lo hemos endurecido con nuevos delitos penales y medidas adicionales para obligar a las empresas de redes sociales a erradicar más rápidamente los contenidos ilegales y las actividades delictivas más perjudiciales en sus sitios, como la pornografía vengativa, los delitos de odio, el fraude y la venta de drogas ilegales o armas.
Los ciudadanos exigen y merecen, con razón, que se les proteja de los perjuicios creados por la avaricia sin límites de algunas grandes empresas de redes sociales. El gobierno, en colaboración con los diputados del parlamento y otros partidos, cumplirá.
