Allan Wilson se declaró culpable de abusos sexuales a un menor en territorio indio y de posesión de pornografía infantil.
ALBUQUERQUE - Alexander M.M. Uballez, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nuevo México, y Raúl Bujanda, Agente Especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Albuquerque, anunciaron el lunes que Allan Wilson se declaró culpable de abuso sexual de un menor en territorio indio y posesión de pornografía infantil.
Wilson, de 64 años, natural de Shiprock, N.M., y miembro inscrito de la Nación Navajo, permanecerá bajo custodia a la espera de la sentencia, que aún no ha sido programada.
Según su declaración de culpabilidad, en algún momento entre el 4 de octubre y el 28 de noviembre de 2019, Wilson tuvo contacto sexual abusivo con una menor mientras ella pasaba la noche en la casa que Wilson compartía con su hermana en la Nación Navajo. Wilson admitió que había estado bebiendo en exceso. La víctima, identificada como Jane Doe, que también es miembro de la Nación Navajo, tenía menos de 12 años en ese momento.
Durante la investigación, el FBI realizó un registro del teléfono de Wilson. El registro reveló imágenes pornográficas de una víctima menor de edad, identificada como Jane Doe 2. Wilson admitió que sabía que las imágenes estaban en su teléfono.
Según los términos del acuerdo de culpabilidad, Wilson se enfrenta a hasta 12 años de prisión y debe registrarse como delincuente sexual.
La Agencia Residente de Farmington de la Oficina de Campo de Albuquerque del FBI investigó este caso con la ayuda del Departamento de Policía de Navajo.
El fiscal adjunto Nicholas J. Marshall está llevando el caso como parte del Proyecto Infancia Segura, una iniciativa nacional lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia (DOJ) para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. Dirigido por las Fiscalías de los Estados Unidos y la Sección de Obscenidad y Explotación de Menores de la División Penal del DOJ, el Proyecto Infancia Segura reúne recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y procesar mejor a las personas que explotan a menores a través de Internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas.
