Una investigación de la oficina del fiscal general de Illinois publicada el martes encontró que 451 clérigos católicos abusaron sexualmente de casi 2,000 niños en el estado durante un período de casi 70 años, lo que representa más de cuatro veces las 103 personas que la iglesia nombró cuando el estado comenzó su revisión en 2018.
El fiscal general Kwame Raoul dijo en una conferencia de prensa que los investigadores encontraron que el clero católico abusó de 1.997 niños en Illinois entre 1950 y 2019.
Silueta de una persona sosteniendo una cruz contra una vidriera
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"Tengo la esperanza de que este informe arroje luz tanto sobre aquellos que violaron sus posiciones de poder y confianza para abusar de niños inocentes, como sobre los hombres en el liderazgo de la iglesia que encubrieron ese abuso", dijo Raoul, dando crédito a los acusadores por hacer posible la revisión.
"Puede que estos perpetradores nunca tengan que rendir cuentas ante un tribunal, pero al nombrarlos aquí, la intención es proporcionar una rendición de cuentas pública y una medida de curación a los supervivientes que han sufrido durante mucho tiempo en silencio."
El extenso informe describe a los dirigentes de la Iglesia de Illinois como lamentablemente lentos a la hora de reconocer el alcance de los abusos. También los acusa de arrastrar frecuentemente los pies para enfrentar al clero acusado y de no advertir a los feligreses sobre posibles abusadores en su entorno, a veces incluso décadas después de que surgieran acusaciones sobre un miembro del clero, todo lo cual se hace eco de hechos conocidos sobre otras diócesis en los Estados Unidos.
La revisión comenzó en 2018 bajo el mandato de la predecesora de Raoul, Lisa Madigan, que publicó un informe que levantó ampollas cuando se preparaba para dejar el cargo. Raoul se comprometió a continuar la investigación e informó el martes que 25 miembros del personal revisaron más de 100,000 páginas de documentos diocesanos y participaron en más de 600 interacciones confidenciales con contactos.
Entre los citados en el informe hay acusadores que contemplaron el suicidio tras sufrir abusos, y que recurrieron a las drogas o al alcohol en un intento de hacer frente a "la ansiedad y los sentimientos de indignidad".
Según el informe, "los supervivientes hablaron de años, y a menudo décadas, de lucha contra problemas como insomnio, ansiedad, problemas de confianza, pesadillas, ideación suicida, culpabilidad, adicción, alcoholismo, depresión, trastorno de estrés postraumático, problemas para crear y mantener relaciones y efectos sexuales secundarios".
En un comunicado hecho público el martes, la Red de Supervivientes de Abusados por Sacerdotes (Snap) calificó el informe de "asombroso", pero subrayó que el número de víctimas y abusadores citado por los investigadores estatales probablemente sea inferior al real.
"No se pueden cuestionar los hechos del informe: hasta 2018, cuando comenzó la investigación, los jerarcas de todas las diócesis de Illinois mantuvieron en secreto a los abusadores conocidos, se negaron a incluirlos en sus listas de acusados y se negaron a reconocer la verdad que los sobrevivientes de abuso que se presentaron para hacer un informe compartieron con ellos", dijo el grupo.
"Para nosotros es, en una palabra, repugnante que estos supuestos pastores mientan tan descaradamente".
En una declaración conjunta emitida el viernes antes del anuncio de Raoul, las diócesis católicas del estado publicaron resúmenes de su proceso actual tras una acusación de abuso y dijeron que la revisión del fiscal general provocó una revisión de sus políticas y cambios no especificados.
"En este momento, trabajando con la oficina del fiscal general de Illinois, los líderes de las seis diócesis de Illinois se esforzaron por aclarar y actualizar nuestro enfoque, teniendo en cuenta nuestra experiencia vivida y las mejores prácticas en este campo", dijo el arzobispo de Chicago, Blase Cupich, en el comunicado.
"Nuestros objetivos comunes al hacerlo son asegurar que ofrecemos apoyo pastoral a los afectados por esta tragedia y trabajar diligentemente para evitar que vuelva a ocurrir".
El informe preliminar realizado bajo Madigan encontró que las diócesis habían hecho un trabajo lamentablemente inadecuado en la investigación de las denuncias. Raoul también acusó a los líderes católicos de tomar decisiones y aplicar políticas que "permitieron a conocidos abusadores sexuales de menores esconderse, a menudo a plena vista".
Añadió que la ley de prescripción ha expirado en muchos casos y que esos abusadores "nunca verán la justicia en un sentido legal".
Investigaciones similares, dirigidas por el gobierno, en las que se detallan las denuncias de abusos sexuales por parte del clero y la incapacidad de los dirigentes eclesiásticos para exigir responsabilidades a los autores, han sacudido las archidiócesis de otros estados, como Pensilvania y Maryland.
Los gobiernos de otros estados, como Luisiana, se han negado a iniciar investigaciones similares.
Ese sigue siendo el caso incluso cuando la arquidiócesis más grande de Luisiana -en Nueva Orleans- ha tenido que ampliar su lista de clérigos a los que considera sospechosos creíbles de pederastia en repetidas ocasiones después de su publicación inicial en 2018 en medio de informes de medios de comunicación y víctimas que destacaban a los delincuentes que deberían haber sido incluidos pero fueron omitidos.
La arquidiócesis se declaró en bancarrota en 2020, poniendo un alto indefinido a los litigios relacionados con el abuso contra la iglesia de Nueva Orleans y minimizando las posibilidades de revelaciones embarazosas sobre su manejo de los depredadores clericales.
En su declaración del martes, Snap también pidió a otros fiscales generales y fiscales que inicien investigaciones similares de las diócesis católicas bajo su autoridad.
La Conferencia Católica de Illinois afirma que 3,5 millones de católicos representan aproximadamente el 27% de la población total de Illinois.
En EE.UU., llame o envíe un mensaje de texto a la línea directa de Childhelp sobre abusos al 800-422-4453. En el Reino Unido, la NSPCC ofrece apoyo a los niños en el 0800 1111, y a los adultos preocupados por un niño en el 0808 800 5000. La National Association for People Abused in Childhood (Napac) ofrece apoyo a los supervivientes adultos en el 0808 801 0331. En Australia, los niños, jóvenes, padres y profesores pueden ponerse en contacto con la línea de ayuda Kids Helpline en el 1800 55 1800, o con Bravehearts en el 1800 272 831, y los supervivientes adultos pueden contactar con Blue Knot Foundation en el 1300 657 380. Otras fuentes de ayuda pueden encontrarse en Child Helplines International
