INDIANAPOLIS - El jueves se abrió una audiencia sobre posibles medidas disciplinarias para una doctora de Indianápolis que habló públicamente sobre la práctica de un aborto a una niña de 10 años víctima de una violación en Ohio.
El fiscal general republicano de Indiana ha acusado a la doctora Caitlin Bernard de violar la ley estatal al no informar de los abusos a la menor a las autoridades de Indiana. También se la acusa de infringir las leyes federales sobre la privacidad de los pacientes al informar a un periodista sobre el tratamiento de la niña.
Bernard ha defendido constantemente sus acciones y el jueves declaró ante la Junta de Licencias Médicas del estado que cumplió los requisitos de notificación de Indiana y la política del hospital al informar a los trabajadores sociales del hospital sobre el abuso infantil, y que la violación de la niña ya estaba siendo investigada por las autoridades de Ohio. Los abogados de Bernard también dijeron que ella no divulgó ninguna información de identificación sobre la niña que pudiera violar las leyes de privacidad.
El Indianapolis Star citó el caso de la niña en un artículo del 1 de julio que provocó un revuelo político nacional en las semanas posteriores a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara el caso Roe contra Wade el verano pasado, poniendo en vigor una ley de Ohio que prohibía los abortos después de las seis semanas de embarazo. Algunos medios de comunicación y políticos republicanos sugirieron falsamente que Bernard había inventado la historia, hasta que un hombre de 27 años fue acusado de violación en Columbus (Ohio). Durante un acto en la Casa Blanca, el Presidente Joe Biden casi gritó su indignación por el caso.
La abogada de Bernard, Alice Morical, dijo a la junta el jueves que el médico denunciaba abusos a menores de pacientes muchas veces al año y que una trabajadora social del hospital había confirmado con personal de protección de menores de Ohio que era seguro que la niña se fuera con su madre.
"La doctora Bernard no podía prever el atípico e intenso escrutinio que recibió esta historia", dijo Morical. "No esperaba que los políticos dijeran que se había inventado la historia".
La denuncia del fiscal general de Indiana, Todd Rokita, pedía a la junta de licencias que impusiera "medidas disciplinarias apropiadas", pero no especifica la sanción solicitada.
En medio de la ola de atención al caso de la niña el verano pasado, Rokita, que es estridentemente antiabortista, dijo a Fox News que investigaría las acciones de Bernard y la llamó una "activista abortista actuando como médico."
El fiscal general adjunto, Cory Voight, argumentó el jueves que la junta debe abordar lo que llamó una "violación atroz" de la privacidad del paciente y el hecho de que Bernard no notificara al Departamento de Servicios Infantiles de Indiana y a la policía sobre la violación.
"No ha habido ningún caso como éste ante la junta", dijo Voight. "Ningún médico ha sido tan descarado en la búsqueda de su propia agenda".
Voight preguntó a Bernard por qué discutió el caso de la niña de Ohio con el reportero del periódico y posteriormente en otras entrevistas con medios de comunicación en lugar de utilizar una situación hipotética.
"Creo que es increíblemente importante que la gente entienda las repercusiones en el mundo real de las leyes de este país sobre el aborto", dijo Bernard. "Creo que es importante que la gente sepa lo que los pacientes tendrán que pasar debido a la legislación que se está aprobando, y un hipotético no tiene ese impacto".
Durante la audiencia del jueves, la oficina de Rokita mantuvo un comentario en su cuenta oficial de Twitter, con un post diciendo: "Cuando Bernard habló de la alta prioridad que pone en la legislación y hablar con el público, lo hizo a expensas de su propio paciente. Esto demuestra dónde están sus prioridades como activista y no como médico".
Bernard se opuso a Voight, diciendo que su decisión de discutir públicamente el caso condujo a las acusaciones de mala conducta.
"Creo que si el fiscal general, Todd Rokita, no hubiera optado por hacer de esto su truco político no estaríamos aquí hoy", dijo Bernard.
Los abogados de la oficina del fiscal general plantearon repetidamente preguntas sobre si la política del empleador de Bernard, Indiana University Health, de informar sobre sospechas de abuso infantil a las autoridades del estado donde se produjo el abuso cumplía con la ley de Indiana. Funcionarios de IU Health, que es el mayor sistema hospitalario del estado, declararon que el Departamento de Servicios Infantiles de Indiana nunca ha puesto objeciones a la política del hospital.
La junta de Indiana -formada por seis médicos y un abogado nombrados o reelegidos por el gobernador republicano Eric Holcomb- podría votar si impone alguna sanción el jueves después de escuchar lo que se espera que sean varias horas de testimonio. La ley estatal da a la junta amplia latitud, lo que le permite emitir cartas de amonestación o suspender, revocar o poner en libertad condicional la licencia de un médico.
La ley de Ohio, que casi prohíbe el aborto, estuvo en vigor unos dos meses, antes de quedar en suspenso mientras se resolvía una demanda en su contra. La Asamblea Legislativa de Indiana, dominada por los republicanos, aprobó una prohibición del aborto en todo el estado semanas después de que el caso de la niña de Ohio llamara la atención, pero los abortos han seguido permitiéndose en el estado a la espera de una decisión del Tribunal Supremo de Indiana sobre la constitucionalidad de la prohibición.
Bernard intentó sin éxito bloquear la investigación de Rokita el otoño pasado, aunque un juez de Indianápolis escribió que Rokita cometió "infracciones claramente ilegales" de las leyes estatales de confidencialidad con sus comentarios públicos sobre la investigación de la doctora antes de presentar la denuncia de licencia médica contra ella.
