Un tribunal federal de Del Rio, Texas, condenó el miércoles a un ciudadano ecuatoriano a 84 meses de prisión y cinco años de libertad supervisada por posesión de material de abuso sexual infantil. La condena de este migrante de 27 años de Cuenca Provincia, Azuay, Ecuador, se produce tras un juicio sin jurado celebrado en julio de 2021, en el que el tribunal lo declaró culpable de poseer una gran cantidad de imágenes pornográficas de abusos sexuales a menores.
Según documentos judiciales, agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Del Río detuvieron a Ramiro Helibuerto Cuenca-Campos cerca de Brackettville, Texas, durante un intento fallido de contrabando de migrantes. En el momento de su detención, los agentes de la Patrulla Fronteriza descubrieron en su teléfono móvil imágenes explícitas en las que aparecían niños. Un posterior análisis forense de su móvil reveló más de 2.000 imágenes que contenían material de abuso sexual infantil.
Los fiscales acusaron a Cuenca ante un tribunal federal por la posesión de dicho material. El 27 de julio de 2021, la jueza federal de distrito Alia Moses declaró culpable a Cuenca-Campos tras un juicio sin jurado. El migrante ecuatoriano permaneció bajo custodia federal desde su detención el 10 de marzo de 2020. Además de la sentencia de prisión, la jueza ordenó a Cuenca-Campos pagar $ 18,000 en restitución a las víctimas y $ 200 en evaluaciones especiales. El juez Moses también ordenó la confiscación de su teléfono.
"Este acusado viajó desde Ecuador y cruzó la frontera hacia nuestro país con una cantidad repugnante de material de abuso sexual infantil en su teléfono móvil", dijo el fiscal federal Jaime Esparza, del Distrito Oeste de Texas. "Afortunadamente, nuestros compañeros de las fuerzas del orden federales en la frontera desbarataron una operación de contrabando de personas y llevaron a cabo sus procedimientos rutinarios, registrando a este individuo y su teléfono cuando lo detuvieron. Este caso refuerza el hecho de que, al igual que nuestras políticas contra las drogas y las armas de fuego, que los no ciudadanos ocasionalmente tratan de introducir en los EE.UU., no vamos a tolerar que nadie introduzca material que explote sexualmente y dañe a los niños."
"Los individuos que reciben y poseen pornografía infantil participan en la victimización de niños cuya inocencia nunca puede ser restaurada", dijo el agente especial en funciones Craig S. Larrabee de la División de San Antonio de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE. "Estos delincuentes también representan una amenaza para la seguridad pública de nuestras comunidades. Por esas razones, los casos de explotación infantil son una prioridad para HSI, y vamos a seguir trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios federales para asegurar que sean detenidos, procesados y, en última instancia, expulsados de los Estados Unidos."
HSI y USBP investigaron el caso, que se produjo como parte del Proyecto Infancia Segura, una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia, declararon las autoridades. Dirigido por las Fiscalías de EE.UU. y los CEOS, el Proyecto Infancia Segura reúne recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y procesar mejor a los individuos que explotan a menores a través de Internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas, prosigue el comunicado.
