Un nuevo informe de las Naciones Unidas ha pedido que se despenalicen todas las formas de consumo de drogas y actividad sexual en el mundo.
Redactado por el Comité Internacional de Juristas (CIJ), ONUSIDA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el informe se publicó el Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de orientar "la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho penal". Denominado "Principios del 8 de marzo", el informe pide que se despenalicen los delitos relacionados con "el sexo, el consumo de drogas, el VIH, la salud sexual y reproductiva, la falta de vivienda y la pobreza".
Los expertos de Naciones Unidas afirman que criminalizar los delitos relacionados con estos temas constituye un ataque a los derechos humanos.
"El derecho penal es una de las herramientas más duras de que dispone el Estado para ejercer control sobre las personas... como tal, debería ser una medida de último recurso, sin embargo, a nivel mundial, ha habido una tendencia creciente hacia la sobrecriminalización", dijo Ian Seiderman, Director de Derecho y Política de la CIJ, en el comunicado de prensa. "Debemos reconocer que estas leyes no sólo violan los derechos humanos, sino los propios principios fundamentales del derecho penal".
Aunque a primera vista pueda parecer relativamente poco controvertido, el informe pide que se despenalicen las relaciones sexuales entre adultos y menores, siempre que éstos "den su consentimiento":
Con respecto a la aplicación del derecho penal, cualquier edad mínima prescrita de consentimiento para mantener relaciones sexuales debe aplicarse de forma no discriminatoria. La aplicación de la ley no puede estar vinculada al sexo/género de los participantes ni a la edad de consentimiento para contraer matrimonio. Además, la conducta sexual en la que participen personas por debajo de la edad mínima de consentimiento sexual prescrita en el país puede ser consentida, de hecho, si no de derecho. En este contexto, la aplicación del derecho penal debe reflejar los derechos y la capacidad de las personas menores de 18 años para tomar decisiones sobre la participación en conductas sexuales consentidas y su derecho a ser escuchadas en los asuntos que les conciernen.
De acuerdo con la evolución de sus capacidades y su autonomía progresiva, los menores de 18 años deben participar en las decisiones que les afecten, teniendo debidamente en cuenta su edad, madurez e interés superior, y prestando especial atención a las garantías de no discriminación.
Los menores, por supuesto, no pueden consentir realmente mantener relaciones sexuales con un adulto, algo que estos supuestos expertos deberían saber. El informe también pide la abolición de todas las leyes penales relacionadas con el trabajo sexual, lo que podría servir fácilmente para ayudar a los traficantes, proxenetas y abusadores. A su vez, esto sirve también a la industria del aborto, que ha ayudado a traficantes y maltratadores al no denunciar presuntos abusos y devolver a las víctimas a sus maltratadores después de abortar. Despenalizar el trabajo sexual, los delitos sexuales contra menores y el aborto sólo serviría para favorecer doblemente a los traficantes y abusadores, que son conocidos por utilizar el aborto como medio para encubrir sus delitos.
Además, la salud reproductiva es un eslogan para el aborto, del que las Naciones Unidas son ávidas defensoras. La ONU lleva mucho tiempo promoviendo el aborto como un supuesto "derecho humano".
