Un proyecto de ley firmado por el gobernador Wes Moore pondrá fin al plazo de prescripción de Maryland para presentar demandas contra instituciones por abusos sexuales a menores.
ANNAPOLIS, Maryland (AP) - El gobernador Wes Moore firmó el martes una ley que pone fin al plazo de prescripción en Maryland para presentar demandas civiles contra instituciones por abusos sexuales a menores.
La firma de la ley se produce menos de una semana después de que el fiscal general del estado publicara un informe que documentaba el alcance de los abusos a lo largo de 80 años y acusaba a los líderes eclesiásticos de encubrirlos durante décadas.
Según la legislación vigente, las personas de Maryland que afirman haber sufrido abusos sexuales en su infancia no pueden presentar una demanda después de haber cumplido 38 años.
"No hay estatuto de limitaciones para el daño que perdura durante décadas después de que alguien es agredido", dijo Moore, demócrata. "No hay estatuto de limitaciones sobre el trauma que daña a tantos todavía hoy, y esta ley refleja esa exacta verdad".
La Asamblea General de Maryland aprobó el proyecto de ley la semana pasada, horas después de que el fiscal general Anthony Brown publicara un informe largamente esperado de casi 500 páginas con detalles sobre más de 150 sacerdotes católicos y otros asociados con la Arquidiócesis de Baltimore que abusaron de más de 600 niños.
Los investigadores estatales comenzaron su trabajo en 2019. Revisaron más de 100.000 páginas de documentos que se remontan a la década de 1940 y entrevistaron a cientos de víctimas y testigos.
La medida para poner fin al estatuto de limitaciones ha sido patrocinada durante varios años en Maryland por Del. C.T. Wilson, demócrata que ha declarado haber sufrido abusos en su juventud.
"Doy las gracias a todos los supervivientes que año tras año han contado sus historias", declaró Wilson.
David Lorenz, el líder en Maryland de la Red de Supervivientes de Abusados por Sacerdotes que asistió a la ceremonia, dijo que estaba "emocionado por mis compañeros supervivientes."
"Maryland ha dejado de decir: 'Iglesia, dinos qué hacer', y ha dicho: 'Gente, ¿qué hacemos? Ya no estamos en deuda con la Iglesia, y nunca deberíamos haberlo estado", dijo Lorenz.
Veinticuatro estados han aprobado períodos de reviviscencia conocidos como "ventanas retrospectivas", que son marcos temporales limitados durante los cuales los acusadores pueden demandar, independientemente de cuánto tiempo hace que se produjeron los presuntos abusos. La ley de Maryland crea una ventana permanente sin límite de tiempo.
Marci Hamilton, fundadora y directora ejecutiva de Child USA, un grupo de reflexión que aboga por mejores leyes para proteger a los niños, dijo que testificó para cambiar la ley en Maryland hace 20 años.
"Ha sido un camino muy largo", dijo Hamilton, dando crédito a Wilson y a las víctimas por perseverar. "Ha sido un trabajo duro, pero lo han conseguido".
La ley de Maryland, que entra en vigor el 1 de octubre, es la única del país que incluye algunos topes para las indemnizaciones por daños y perjuicios, dijo Hamilton.
Para las entidades privadas, en virtud del proyecto de ley, los daños tienen un límite de 1,5 millones de dólares por daños no económicos como el dolor y el sufrimiento, pero no hay un límite para los daños relacionados con los costes de servicios como la terapia. En el caso de las entidades públicas, como los consejos escolares y las administraciones locales, el límite es de 890.000 dólares.
"Es la primera vez que se establecen límites", afirma Hamilton. "Nos hemos resistido a ellos, pero estos topes son bastante justos".
La Conferencia Católica de Maryland, que representa a las tres diócesis que sirven a Maryland, sostuvo en su testimonio que el proyecto de ley es inconstitucional, debido a la disparidad en las sentencias monetarias.
"Las preocupaciones que planteamos durante la sesión legislativa se mantienen, incluidas las cuestiones sobre la constitucionalidad y el trato dispar entre organizaciones públicas y privadas en Maryland", dijo la conferencia en un comunicado el martes.
La archidiócesis de Baltimore afirma que ha pagado más de 13,2 millones de dólares en concepto de atención e indemnización a 301 víctimas de abusos desde la década de 1980, incluidos 6,8 millones de dólares para 105 acuerdos voluntarios.
En previsión de que la ley sea impugnada ante los tribunales, la medida incluye una disposición que dejaría en suspenso las demandas hasta que el Tribunal Supremo de Maryland pueda decidir sobre la constitucionalidad de la ley.
